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El 10 de enero de 2019, habitantes de la urbanización Sucre y de zonas aledañas, en Barquisimeto, estado Lara, protestaron contra la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial. Horas después, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en el conjunto residencial llevando a los vecinos a revivir escenas de horror que habían padecido en 2017.
Fotografías: Rodolfo Pimentel / Vecinos de la urbanización
Urbanización Sucre, Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. 10 de enero de 2019. Eran las 7:30 de la noche. Disparos. Bombas lacrimógenas. Vidrios rotos. Gases. Gritos. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, reprimen a los vecinos de la Sucre. Entraron disparando y gritando amenazas de muerte. Cubrieron sus rostros con capuchas negras, golpearon con martillos las rejas de los pisos hasta derribarlas y reventaron a golpes las puertas de los apartamentos con sus armas.
—Ya entraron. Vienen por nosotros —susurró Luis a su madre.
Luis es estudiante y había participado en el bloqueo de la avenida Libertador en horas de la tarde, junto a un grupo de vecinos y otros muchachos de barrios y urbanizaciones cercanas. Ahí cerraron la vía en señal de protesta contra el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela, que se había producido horas antes, en Caracas. No reconocían como legítima aquella toma de posesión por considerar que las últimas elecciones presidenciales habían sido un fraude y que el juramentado era un usurpador. Además, el acto no se hizo ante la Asamblea Nacional, como dispone la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La represión en “la Sucre”, como es conocido ese conjunto residencial, comenzó después de disiparse el último crepúsculo. Apenas cayó la noche, cortaron el suministro eléctrico. Luis me cuenta que aquel susurro salió de sus labios mientras se aferraba al colchón que había puesto encima de todos los de su casa, pensando ingenuamente que así podría protegerlos mejor de los disparos que las fuerzas de seguridad dirigían contra los apartamentos.
Esa noche del 10 de enero fue otra jornada de terror para las casi 500 familias que residen en los edificios de la Sucre. La más amenazante que recuerdan desde el año 2017, cuando esa comunidad decidió convertirse en un símbolo de la resistencia larense, en medio de la ola de protestas ciudadanas que, entre abril y junio, con cada uno de sus días, se desarrollaron en buena parte del país.
Es una urbanización de clase obrera y media baja ubicada en el corazón de la capital de Lara, a un costado de una de sus principales arterias viales, la avenida Libertador. Tiene 9 edificios viejos, de 9 pisos cada uno, con 8 apartamentos por piso. Sus habitantes suben y bajan por las escaleras porque los ascensores de antaño ya no funcionan y la comunidad no ha podido repararlos.
—Los salarios no nos alcanzan ahora ni para comer, mucho menos para reparar ascensores —me dice Pablo, un electricista que vive en la zona que casi todos los días al atardecer baja de su hogar a charlar con sus vecinos en los estacionamientos.
El 10 de enero se llevaron detenidos a varios jóvenes luego de allanar sus residencias en forma violenta, sin orden judicial, y tras retirar de la fachada principal de uno de los bloques la bandera de Venezuela que ondeaba sobre ella.
—Esa bandera la cosieron unas vecinas de acá —recuerda Carmen, una de las tantas madres solteras que viven en la Sucre y que desde muy joven levanta a su familia trabajando en el sector comercial de Barquisimeto.
Entre todos reunieron el dinero para comprar las telas. Medía como 20 metros y a partir de ese día la llevaban con ellos a todas las marchas. Tenía solo 7 estrellas, no 8, y eso los pudo molestar.
Cuando sonaron los primeros golpes del martillo sobre la reja de su piso, Carmen se trasladó de inmediato al 26 de abril de 2017, cuando unos guardias nacionales violentaron la escotilla de la azotea del bloque para someter a los muchachos que ese día enfrentaron balas, gases y perdigones de los militares, policías y colectivos armados, con sus bombas molotov caseras, sus palos y sus piedras. De esa época ella conserva su herida particular: la presentaron ante tribunales por “terrorismo” y la mantuvieron detenida por más de un mes en el centro penitenciario Fénix de Barquisimeto.
Por eso, fue como rebobinar la cinta y volverla a correr de nuevo. Misma película. Mismo miedo. Mismo terror.
Urbanización Sucre, Barquisimeto, estado Lara. 26 de abril de 2017, 7:00 pm. Rodearon la urbanización desde distintos puntos con tanquetas, motos y autos. Eran alrededor de 200 funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, actuando al mismo tiempo y en forma coordinada, junto con los colectivos armados.
Los enfrentamientos empezaron al atardecer y concluyeron a eso de las 2:00 de la madrugada.
—Esa noche sentimos la muerte muy de cerca. Fue como tener una guerra metida en tu propia casa. Incendiaron la azotea, dispararon contra nuestros hogares, los niños más pequeños no paraban de llorar. Usaron un micrófono para gritar amenazas: que nos iban a matar, que nos iban a violar.
Elena lo recuerda como si hubiese sido ayer. Es docente y, desde 2017, se convirtió en una de las principales líderes de la comunidad. Dejó de dar clases de ciencias sociales en el liceo Francisco Jiménez Varela porque el salario no le alcanzaba ya ni para comprar huevos. Y además porque las autoridades educativas de Lara le abrieron un expediente administrativo en su liceo. Es una señora de tez morena, ojos grandes y espíritu inquebrantable, que perdió 30 kilos en los dos últimos años, pero no la esperanza.
Ese 26 de abril, uno de los jóvenes de la resistencia de la Sucre cayó herido por el impacto de una metra en la cabeza. Otros 40 resultaron heridos con perdigonazos y las huellas en sus cuerpos aún prevalecen. Y, aunque en los archivos de la prensa local y nacional no hay registro de ningún fallecido en la Sucre en 2014, 2017 ni 2019, Elena señala que sí hubo. Al menos uno.
—Elvis Suárez era uno de nuestros guerreros. Lo detuvieron en 2018 y lo metieron preso en el destacamento 121. A él no lo mataron protestando, pero lo dejaron morir entre rejas, porque se enfermó estando preso y no lo cuidaron bien. Murió el 7 de febrero de este año.
Los registros sí hablan de otras personas fallecidas en protestas cercanas. “El chino” Durán en la carrera 30, cerca de la comandancia, o Luis Zambrano, en El Obelisco, al oeste de la ciudad, debido al impacto de una bala en el cráneo tras una jornada de represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Son solo 2 de las 20 personas asesinadas en Lara ese 2017 durante protestas antigubernamentales o acciones represivas de los cuerpos de seguridad contra grupos opositores, de acuerdo con la organización no gubernamental FunPaz.
Amnistía Internacional documentó las noches de terror vividas en zonas residenciales de Lara, Caracas, Miranda, Carabobo y Zulia en 2017, y responsabilizó directamente al gobierno por violaciones de derechos humanos. En uno de sus informes puede leerse:
Como respuesta a las protestas y manifestaciones que estaban ocurriendo desde los primeros días de abril, el 18 de abril de 2017, el Presidente de la República anunció la activación de la ‘fase verde’ del llamado Plan Zamora. Este plan de seguridad estatal incluye la actuación cívico—militar con el objetivo de preservar el orden interno. Días después de la activación de este plan de seguridad, el 26 de abril, en la urbanización Sucre de Barquisimeto, los residentes vivieron ataques por parte de grupos de civiles armados en presencia de funcionarios de la GNB y de la policía del estado Lara.
Amnistía Internacional también ha documentado ejecuciones extrajudiciales en Lara atribuidas a las FAES. Los casos más recientes ocurrieron en Carora y El Tocuyo y responden a un patrón sistemático de represión, igual que en otros estados del país. El análisis de este patrón ha hecho que la organización asocie el modus operandi de las FAES y de otros cuerpos armados con los de grupos de exterminio y que concluya que lo ocurrido en Venezuela podría constituir crímenes de lesa humanidad. Por su gravedad y su naturaleza, estos crímenes no prescriben, no se olvidan, no perecen.
Las FAES usan como símbolo de su cuerpo armado una calavera. La miro en fotografías y no puedo evitar pensar en los abusos de la Alemania nazi. La actuación de las FAES, como en esas noches de la urbanización Sucre, traen a mi mente el Totenkopf (“cabeza de muerto”, en alemán), un símbolo usado en forma recurrente por cuerpos militares y paramilitares del nacionalsocialismo comandado por Adolf Hitler. Era la insignia de las Schutzstaffel (paramilitares nazis), de la 3ra División de las SS y de los guardias de los campos de concentración (SS Totenkopfverbände).
Hoy, tras las actuaciones de ese cuerpo cuyo estandarte es el símbolo de la muerte, decenas de familias de la Sucre están rotas debido a que cerca de 80 de sus jóvenes están en el exilio.
Jóvenes como Naim Sánchez y Erika Chinchilla.
Naim, de 24 años, estudiaba matemáticas en el Pedagógico y recibió un balazo de colectivos armados que le afectó un riñón. Fue nombrado en el programa de televisión oficialista Zurda Konducta como líder de la Sucre y tenía orden de captura por su participación en las protestas de 2017. Un motorizado lo llevó al Seguro Social después de caer herido y los vecinos llegaron al centro asistencial con el propósito de protegerlo y evitar su detención. Con la ayuda de la iglesia cristiana y de una clínica privada, fue operado luego en otro lugar y su proceso de recuperación se extendió por casi dos meses. Tras sanar, se fue del país.
Erika, de 38 años, era de una de las líderes de la resistencia en la Sucre a las que los cuerpos armados mencionaban por su nombre cada vez que reprimían en la vecindad. Desde los micrófonos de las tanquetas la nombraban y exigían su entrega. Hoy resiste desde el exterior.
Pero a pesar de lo vivido, la Sucre sigue en pie. En 2018, fundaron el Movimiento Civil Gran Mariscal Sucre y las palabras que usó una de las líderes de la comunidad durante ese acto público, son un claro testimonio de lo que los mueve:
Resistan, que esto va a pasar, y únanse a nuestra lucha constitucional (…) No tengo miedo. La lucha continúa. Unámonos (…) Bienvenidos sean blancos, verdes, azules, naranjas, amarillos y todos los colores, incluyendo al rojo, que también pasan hambre y penurias como nosotros. Los invitamos a formar un frente multicolor, donde todos los sectores de la sociedad civil somos los protagonistas. Este es nuestro momento (…) La Sucre no se arrodilla.
—Yo no me quiero ir —me comentó José, un adolescente que estudia y trabaja para apoyar a su familia—. Yo voy a estar acá cuando el cambio llegue a Venezuela. Yo no me voy a dejar robar lo que más amo.
El espíritu que enarbola José se deja ver por todos los rincones de la Sucre. En cada gesto. Los niños, por ejemplo, no juegan a “policías y ladrones” ni a “indios y vaqueros”, como lo hicimos muchos en nuestra infancia. Ellos juegan a “resistencia y guardia nacional”. Pero les cuesta ponerse de acuerdo: ninguno quiere asumir el rol del represor en el juego, todos quieren el papel de quienes luchan por su libertad.
Los chamos ya están jugando a la Venezuela que vendrá.
Para proteger sus identidades, no se usaron los nombres reales de los vecinos cuyos testimonios forman parte de esta historia.
Esta historia fue producida dentro del programa La vida de nos Itinerante, que se desarrolla a partir de talleres de narración de historias reales para periodistas, activistas de Derechos Humanos y fotógrafos de 16 estados de Venezuela.
