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En una comunidad de Guatire, predominantemente opositora, los vecinos decidieron fundar un consejo comunal para organizarse, encontrar recursos y resolver los problemas que los agobiaban. Allí, chavistas y no chavistas pusieron las ideologías a un lado en pro del bien común.
FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
Hubo un tiempo en que La Rosa prometía una vida tranquila, lejos del caos y el bullicio de Caracas. Ubicada en el municipio Zamora, en el este de Guatire, estado Miranda, se levantó en los años 80 como parte de ese boom habitacional, para la llamada clase media emergente, que tuvo lugar en varias “ciudades dormitorio”.
La Rosa está conformada por más de 3 mil 500 viviendas —decenas de casas con jardín, decenas de edificios de cuatro pisos— agrupadas en 24 conjuntos residenciales. Un oasis a los pies de una cordillera, a poco más de una hora de distancia de Caracas.
Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer problemas: la intermitencia de los servicios públicos como el agua; las calles se minaron de huecos que nadie asfaltaba; y la inseguridad. La cotidianidad apacible se devaluó, y todo el mundo estaba harto.
Los vecinos solían reunirse para hablar sobre esos asuntos en la bodega de José Francisco Marín, a quien llamaban Fran y vivía en el conjunto residencial Campo Alegre de La Rosa. Un día de septiembre de 2010, en una de esas conversaciones, él tuvo una idea: convocar a la comunidad a fundar un consejo comunal. Sí, ahí, en esa zona de La Rosa predominantemente opositora al gobierno de Hugo Chávez.
Era tan paradójico como conveniente. Un año antes, la Asamblea Nacional había aprobado una reforma a la Ley Orgánica de Consejos Comunales, existente desde 2006. La modificación suponía que estas estructuras —creadas para que las comunidades resolvieran sus necesidades de manera autogestionada— ahora tendrían más poder.
De hecho, en otros conjuntos de La Rosa, se estaban conformando 10 consejos comunales. Fran llevaba 24 años viviendo allí, y siempre se involucraba en iniciativas que buscaban recuperar los deteriorados espacios públicos, o reclamar por la persistente falta de agua. Pero sabía que no eran muchos los entusiastas como él. Al contrario, la mayoría era muy apática. Por eso, la noche en la que realizaron su primera asamblea se sorprendió al ver una asistencia tan nutrida.
Quizá es que todos habían comprendido que había que hacer algo. Sobre todo, con la inseguridad: la avenida principal de La Rosa pasaba por esa zona, y les impedía cerrar el acceso con un portón como habían hecho los demás conjuntos. Ya era habitual que los vecinos narraran cómo habían sido víctimas de asaltos o de hurtos dentro de las casas. Hasta habían frustrado un intento de secuestro.
Todos estuvieron de acuerdo en que organizarse les permitiría entenderse con la Alcaldía del municipio Zamora o con la Gobernación de Miranda. El consejo comunal englobaría los conjuntos residenciales de Campo Alegre y Rosa Blanca. Por eso, en aquella asamblea constitutiva, lo bautizaron con el nombre de Campo Rosa.
Ahora solo debían hacer unas elecciones para elegir a los miembros.
A pesar de que muchos vecinos dieron un paso atrás al saber que tendrían que trabajar codo a codo con otros que sí apoyaban a Hugo Chávez, al resto no pareció importarle al momento de la votación. Prefirieron escoger basándose en la gente que conocían y sus capacidades, en lugar de sus preferencias políticas.
Fue así que Fran resultó electo como uno de los tres voceros principales, junto a José Camacho e Ingrid Gil. Era el único consejo comunal de La Rosa que tenía integrantes seguidores tanto del oficialismo como de la oposición. Sería el laboratorio perfecto para ensayar un modelo de convivencia que, para entonces, parecía no existir en el país.
Además de las vocerías principales, también eligieron voceros para los diferentes comités que, como pequeños ministerios, se encargarían de atender temas puntuales: la seguridad, el agua o la recreación.
La gestión, formalmente, arrancó en noviembre de 2010.
Para el comité de salud, escogieron a Magaly Flores. Ella era odontóloga y enfermera, y apoyaba al gobierno de Chávez. Desde que se graduó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) sintió la necesidad de retribuirle al país la educación gratuita que había recibido. Aunque jamás había militado en partidos políticos, en 2004 comenzó a hacer voluntariado en la Misión Barrio Adentro Odontológico, uno de los programas sociales del gobierno para brindar atención médica gratuita a sectores vulnerables. Así se sensibilizó con las causas sociales, y se contagió con ese fervor que sentían muchos por Chávez. Pronto se hizo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Magaly llevaba dos años viviendo en Rosa Blanca, donde además tenía su consultorio, y había sido secretaria de la junta de condominio del edificio donde vivía antes de mudarse.
Al comienzo de la gestión, quisieron instalar el portón en su calle, con la idea de sentirse un poco más seguros. Hicieron solicitudes, fueron a reuniones en la Alcaldía, pero no tuvieron éxito. Quizá por ello, el entusiasmo que los había unido en un principio se desvaneció. Los miembros del consejo comunal se habían quedado solos en su causa, pero firmes en su intención de frenar los robos.
Fran, quien para entonces tenía 47 años de edad, aparte de ser uno de los voceros principales también integraba el comité de seguridad. En su juventud recibió entrenamiento militar, por lo que ideó un plan para asumir la vigilancia de la zona: conformó una patrulla con los vecinos para hacer rondas, principalmente en la noche. Entregaron silbatos a los vecinos para que los hicieran sonar en caso de alguna irregularidad: sería una alarma para que quienes oyeran saliesen a ayudar. Durante 33 noches seguidas realizaron asambleas para explicarles a todos el nuevo protocolo.
Al cabo de unos meses rindió resultados. Ver a las patrullas vecinales le devolvió a muchos la sensación de seguridad, e incluso las historias de atracos se volvieron menos frecuentes.
Por su parte, Magaly se reunió con otra vecina que era médica y opositora. Juntas hicieron las gestiones en el Ministerio de Salud para realizar jornadas de vacunación. También formaba parte de la mesa técnica del agua, que tardaba hasta un mes en llegar. Hicieron reclamos en Hidrocapital, que fueron desoídos. Terminaron organizando a los vecinos para traer camiones cisterna.
Ciertamente la coexistencia no siempre resultaba armoniosa. Muchas veces los opositores se reunían en privado para tomar decisiones sin consultar a los demás, y aunque procuraban dejar la política fuera durante sus reuniones, a veces se escapaban burlas o insultos contra el chavismo que hacían molestar a Magaly.
Sobre todo cuando llegaron las elecciones presidenciales de 2012.
En una ocasión, al terminar una de esas reuniones, ella los escuchó hablar despectivamente de Chávez, quien había anunciado al país que padecía cáncer. Se sintió muy mal, pues a pesar de que también tenía críticas sobre su gestión, creía que merecía respeto.
Aun así, todas estas diferencias pasaban a un segundo plano cuando se trataba de abordar los asuntos de la comunidad. Tanto ella como Fran se consideraban personas abiertas al diálogo. Y lo eran. Fue así que los dos años de sus periodos pudieron entenderse de buena manera: cada quien en su casa podía opinar y tener las preferencias políticas que quisiera, pero en las asambleas ciudadanas el único partido era Campo Rosa.
De acuerdo con la ley, después de dos años, el consejo comunal debía celebrar nuevas elecciones, pero no ocurrió. Era 2013. Chávez murió y Nicolás Maduro lo sucedió en el poder. A partir de entonces, se produjo una mayor hostilidad por parte de funcionarios de la Alcaldía y de otros consejos comunales. Muchos de ellos intentaron influir sobre la elección, les decían que no había lugar para “infiltrados” opositores y que solo los vecinos leales a la revolución merecían participar.
Sabían que, aunque realizaran elecciones legítimas, existía la posibilidad de que estas no fueran validadas por las autoridades encargadas del poder popular en la Alcaldía de Zamora. Tras debatirlo arduamente, sus miembros, tanto los chavistas como los opositores, llegaron a una resolución: no harían elecciones y se quedarían como estaban. Y no encontraron mayores objeciones por parte de sus vecinos: nada impedía que continuaran ocupando sus cargos, a pesar de tener el periodo vencido.
A finales de 2013, llegó a la Alcaldía de Zamora Thaís Oquendo, del PSUV, quien no aceptaba la existencia de un consejo comunal que no fuera enteramente chavista.
—A La Rosa no hay que darle nada por ser opositores —le escuchó decir Fran tras reclamar porque la urbanización había quedado excluida del presupuesto municipal.
Los voceros tuvieron que acudir al Concejo Municipal, de mayoría opositora, para que, luego de semanas de presión, la alcaldesa aprobara los recursos que le correspondían a La Rosa.
A Magaly le incomodaba ver que sus propios camaradas la hostigaban por señalar las deficiencias de algún servicio o una obra mal hecha en la comunidad. Las tensiones se volverían más intensas con el tiempo. En 2014, explotó una fuerte ola de protestas en diferentes ciudades del país, que en el caso de Guatire, tuvo a La Rosa como sitio de intensas batallas entre los vecinos y los cuerpos de seguridad. A pesar de esos momentos álgidos de confrontación política, el consejo comunal se mantuvo unido.
Fran participó en esas protestas de forma pacífica, y protagonizó varios enfrentamientos con algunos miembros de colectivos oficialistas. En 2014, debió enviar a su hijo menor a Estados Unidos, luego de que recibiera amenazas de muerte de un hombre que aseguraba pertenecer a uno de esos grupos armados. Al año siguiente obtuvo la visa y fue a visitarlo, pero regresó: sentía que en su país —en su comunidad— tenía mucho qué hacer.
A finales de ese año, con una situación política más calmada, celebraron las elecciones que tenían pendientes y Fran, Magaly y el resto de los voceros volvieron a postularse. Resultaron reelectos.
En abril de 2016, el gobierno anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una forma de paliar la grave crisis económica y alimentaria que afectó a cerca de 87 por ciento de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). Estos comités debían organizarse desde los consejos comunales, por lo que los voceros de Campo Rosa se encargaron de hacer un sondeo para distribuir las cajas de alimentos entre los vecinos más necesitados.
La respuesta de las autoridades del Ministerio de Alimentación era predecible: que La Rosa no aplicaba para recibir el beneficio, por tratarse de una urbanización de clase media.
El CLAP nunca llegó. Los miembros del consejo, que conocían la realidad de su comunidad, sabían que había vecinos que tenían las despensas vacías. Ante eso, Fran puso a disposición su bodega para preparar unas bolsas con alimentos adquiridos de empresas privadas, y que se vendían solo a las personas de la zona. Los combos no tenían precios tan asequibles como los CLAP, pero al menos les ahorraban a varios vecinos la calamidad de pasar horas de colas frente a los supermercados para hacerse con productos de primera necesidad.
Desde ese 2016, el Ministerio de Comunas mantuvo paralizadas las elecciones de consejos comunales. Sin embargo, en abril de 2017, esta medida fue levantada y se pudo renovar nuevamente a los voceros. Los miembros de Campo Rosa se sumaron a la convocatoria. Fran, Ingrid Gil y José Camacho se postularon otra vez, y resultaron reelectos para una tercera gestión. El problema vino cuando intentaron validar en la Casa del Poder Popular los resultados del proceso. El funcionario a cargo les explicó que la orden emitida desde el ministerio era que para ser juramentados, los voceros debían tener carnet de la patria o ser militantes del PSUV. Un requisito que no figuraba en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.
En resumen, que ni Fran ni José podían seguir siendo voceros por ser opositores.
Las integrantes oficialistas no estuvieron de acuerdo con aquella arbitrariedad. Ya habían pasado los últimos seis años conociéndose y trabajando, así que se unieron como el equipo que eran: si ya habían cumplido con su deber en el pasado a pesar de tener sus periodos vencidos, podrían continuar así hasta que las autoridades respetaran la voluntad de sus habitantes.
Ese sería su acto de resistencia. Pero la unidad no pudo permanecer con el tiempo.
El hijo mayor de Fran debió emigrar a Chile tras recibir también amenazas de muerte después de frustrar un intento de robo en su propia casa. Agobiado por la situación política del país, Fran decidió utilizar su visa y, en 2021, emigró a Estados Unidos. En abril de ese año, José Camacho, quien se encargaba de los trámites en la Alcaldía y mantener el registro de documentos del consejo comunal, falleció de covid-19.
Sin elecciones, sus cargos siguen vacantes. Magaly se jubiló del Ministerio de Salud y de la militancia política. La acumulación de decepciones la alejó del oficialismo, aunque su vocación por la labor social siguió intacta. Aún continúa en el consejo comunal, donde con otros vecinos ha mantenido su lucha por normalizar el servicio de agua.
Pese al agridulce resultado que el paso del tiempo dejó sobre el consejo comunal Campo Rosa, tanto Magaly como Fran aprendieron de aquella experiencia que es necesario reconocer al otro. Que las diferencias son válidas. Que disentir es sano. Que es importante encontrar puntos de encuentro en pro del bien común.
Eso recuerdan siempre.
Sobre todo en estos días.
