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Un día de junio de 2015, María Beatriz Lara, reportera con 20 años de experiencia, asistió a una rueda de prensa cuyo punto de encuentro fue una sede de la policía científica del estado Aragua. Allí, varios funcionarios la agredieron y la esposaron sin razón alguna. Un tribunal acusó a los implicados y ordenó su detención. Pero a cuatro años de los hechos, el juicio sigue detenido, los funcionarios en libertad y la periodista, cansada de esperar justicia, prefirió irse del país y cambiar de vida.
Fotografías: Álbum familiar
En un banco del parque del Turonet, en Ripollet, una villa de Cataluña, María Beatriz Lara se detiene por unos minutos a descansar un poco. Su agotadora faena diaria limpiando apartamentos comienza a las 8:00 de la mañana. Después de esta pausa en el parque, se va a su otro trabajo en una clínica, de donde sale a medianoche. En este parque ha llorado, muchas veces, recordando a la familia, su profesión y el país que se vio obligada a abandonar.
María Beatriz es periodista. Nació en el estado Lara, pero se radicó por más de 25 años en Maracay, estado Aragua, y 20 de ellos los dedicó a forjar una carrera como reportera del diario El Aragüeño. Una trayectoria fructífera, a lo largo de la cual recibió varios premios regionales. Pero el 7 de febrero de 2017 todo lo que había logrado pareció desvanecerse: llegó a España, con sus dos hijos, debiendo dejar atrás la libreta, el bolígrafo y la grabadora, sintiéndose afortunada de tener una manera de ganarse el pan.
—Este parque conoce mis secretos y mis dolores —dice.
Uno de ellos sigue palpitante, como una herida abierta. Fue lo que la llevó a tomar un avión y atravesar los más de 8 mil kilómetros de distancia que separan España de Venezuela.
Sucedió el viernes 19 de junio de 2015. El día había comenzado para ella como uno más. Junto al reportero gráfico Alfredo Paradas, acudió a cubrir una pauta, como otros periodistas: se trataba de una rueda de prensa de Elvis Amoroso, miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, y quien entonces fungía como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El punto de encuentro era la sede de la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Villa de Cura, en el municipio Zamora del estado Aragua. Los reporteros estaban esperando cuando se generó un inusual despliegue en las afueras de la sede policial. El instinto periodístico de María Beatriz la empujó a indagar qué ocurría y decidió entrar. Alfredo Paradas fue con ella y los demás quedaron a la expectativa.
Ningún aviso advertía que el ingreso de periodistas estaba prohibido. Nunca antes el acceso a los reporteros había estado restringido en el Cicpc de Zamora, así que María Beatriz preguntó por el jefe de la subdelegación.
—Me importa un coño de la madre con quien quieras hablar, te me vas de aquí —le respondió de forma inexplicable un inspector llamado Edgardo Villegas.
María Beatriz, sorprendida, exigió respeto: dijo que era periodista.
—¡Qué voy a estar respetando a una puta y zorra como tú! ¡Fuera de aquí!
—¡Respete, respete! —se incorporó, firme, Alfredo Paradas, identificado con su carnet y chaleco de prensa.
Pero el hombre lo empujó, lo hizo caer al suelo y una decena de funcionarios se acercaron y comenzaron a patearlo. El inspector Villegas ordenó su detención y lo tomaron por brazos y pies mientras lo golpeaban.
—¡Auxilio, auxilio! —gritaba María Beatriz.
Pero en lugar de auxilio, lo que escuchó fue la frase cortante del inspector.
—Me detienen a esta tipa.
Ninguno de los funcionarios obedeció de inmediato, entonces lo hizo él mismo.
—¡Soy periodista, soy periodista! —repetía María Beatriz.
A Villegas, en definitiva, no le importaban los gritos de la mujer: la sujetó por el brazo, la haló por el pelo y comenzó a golpearle la cabeza contra la pared mientras decía:
—¡Son unos malditos periodistas! Ahora sí van a escribir que jode.
La única funcionaria que se encontraba ese día en la delegación del Cicpc de Villa de Cura, Rosmery Lama, sí cumplió otra orden de Villegas: revisó sus partes íntimas, la tomó por el cabello y a empujones la llevó hasta una oficina. Le impidió que se sentara. Intentó romperle la camisa para desnudarla, pero no pudo.
—¡Quítatela! Y quítate también el pantalón y la ropa interior.
Cuando obedeció, vino otra orden.
—Salta, para ver si tienes drogas o un arma dentro de la vagina.
La periodista dio saltos.
—No hay novedad —le dijo la funcionaria a su jefe.
Villegas, sin embargo, le pidió que la esposara. La delegación estaba atiborrada de detenidos. Le quitaron las esposas a una presa para ponérselas a ella. Obligaron a María Beatriz a mantenerse de pie, poner sus manos hacia atrás y alrededor de una viga. Allí también esposaron a su compañero fotógrafo.
“No saldré viva de aquí”, pensaba, iracunda por lo que estaba viviendo. Y mientras sentía que sus brazos explotarían, comenzó a hablar con Dios. Vino a su mente la imagen de Santa Rita de Casia, patrona de los desesperados y de las causas imposibles, y rezó.
Rezó mucho.
Los periodistas, que aún esperaban por el parlamentario del Psuv, se percataron, al cabo de media hora, de que a María Beatriz la habían detenido dentro del Cicpc. Alarmados, lo publicaron en sus redes sociales y la noticia pronto se “viralizó”.
El comisario Luis Ollarves, entonces director del Cicpc en Aragua, le salió al paso a la denuncia y a través de las redes sociales alegó que se trataba de un “malentendido”. El diputado Elvis Amoroso todavía no llegaba al lugar, pero envió a sus dos jefes de seguridad a conversar en privado con el comisario Argenis Suarce, supervisor de investigaciones a cargo de la delegación de Villa de Cura. Luego de ese encuentro, condujeron a María Beatriz y a Alfredo Paradas hasta su oficina.
—El inspector Edgardo Villegas está estresado por el operativo de anoche —les dijo Suarce, como una explicación a sus agresiones.
María Beatriz comenzó a llorar.
—Cálmese, olviden esto que pasó, es mejor que no trascienda.
Poco después el vicepresidente de la AN llegó a la subdelegación policial.
—Tranquilízate —le dijo el diputado Amoroso cuando vio a María Beatriz, mientras le daba una palmada en el hombre—. Nosotros te enviamos la nota de prensa, ve a tu casa a descansar.
Fue entonces cuando los dejaron salir.
Algunos representantes del gobierno regional, enterados de lo que ocurrió, la llamaron por teléfono para ofrecerle un apoyo psicológico que nunca llegaría. Ese mismo día, la directora de prensa del ejecutivo regional, Marbelis Linares, la llamó en nombre del gobernador de entonces, Tareck El Aissami, prometiéndole justicia. Y en efecto, ella misma acompañó a María Beatriz y al fotógrafo hasta la sede principal del Cicpc. El comisario Luis Ollarves no se encontraba. Fueron recibidos por el jefe de vehículos, quien les sugirió interponer la denuncia ante el Ministerio Público.
María Beatriz regresó a casa sintiendo mucho miedo. Ese día era viernes. El fin de semana siguiente, se encerró en casa con sus dos hijos. Mientras se curaba los golpes, pensaba si valía la pena interponer la denuncia. Colegas y abogados le insistían en que debía hacerlo. Tres días después, y aún con desconfianza, María Beatriz procedió, pese al riesgo que sabía que podía correr por exigir sanciones para sus agresores.
Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como el Instituto Prensa y Sociedad y el Colegio Nacional de Periodistas, así como de abogados de la ONG Espacio Público, María Beatriz Lara acudió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Temblorosa y asustada, fue atendida por el fiscal Elías Martínez. Él, de inmediato, ordenó un examen forense, que le realizaron luego de las gestiones que hizo la jefa de prensa del gobernador.
El fiscal le otorgó a María Beatriz medidas de protección, designó una comisión especial y ordenó el inicio de una investigación a cargo de Carla Camero, fiscal auxiliar interina del Ministerio Público.
A partir de este momento, Alfredo Paradas prefirió no continuar con la denuncia. Aún así, esta siguió su curso. Durante la recolección de evidencias, inspeccionaron la sede policial. En la computadora del nuevo jefe de la subdelegación del Cicpc en Villa de Cura, que sustituyó a Villegas, apareció una carpeta llamada “caso de periodista”. En ella, estaba guardado un video donde quedó registro de la agresión contra la reportera y el fotógrafo.
Las investigaciones duraron más de un año. En el ínterin, el fiscal Elías Martínez fue sustituido por Leiba Morín Ponceleón, ex funcionaria del Cicpc y fiscal 14 del Ministerio Público en el municipio Zamora, justo en la época de lo ocurrido. En noviembre de 2016, el Tribunal Décimo de Control del estado Aragua, a cargo de la juez Lorena Moreno, dictó una acusación contra los funcionarios policiales: a Edgardo Villegas se le señaló de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y a Rosmery Lama de tratos inhumanos y degradantes. Para ambos, el Ministerio Público solicitó enjuiciamiento y privativa de libertad, sin disfrute de medidas cautelares sustitutivas que facilitaran una posible fuga.
En ese momento, sin embargo, ya los dos inspectores habían sido removidos a otra delegación fuera del estado Aragua.
La primera audiencia preliminar estaba pautada para el 1ro de enero de 2017, pero fue diferida para marzo, porque los imputados no comparecieron. Los abogados de la periodista insistieron en solicitar una nueva fecha, que el tribunal fijó para el 1ro de junio de 2017, a escasos días de cumplirse dos años de los hechos. Jamás se realizó, como ninguna de las otras 10 fechas que pautó el tribunal, mientras María Beatriz aún permanecía en Venezuela.
María Beatriz debió retirar a sus hijos de sus actividades deportivas. Tenía miedo de que corrieran peligro. Un día, su hijo mayor iba a la universidad y vio en la parada un carro blanco sin placa de vidrios oscuros. Otro día, un funcionario del Cicpc, uno de los tantos que había conocido en sus coberturas en la región, le dijo: “Licenciada, tenga cuidado con su hijo”. Desde entonces comenzó a pasar las noches en vela, junto a su muchacho de 20 años, ambos asomados a la ventana de la casa, con los aires acondicionados apagados, atentos a cualquier ruido extraño. Vivían en alerta permanente. María Beatriz sintió que la habían confinado dentro de su vivienda.
Además tenía el sabor amargo de que el diario al que le dedicó 20 años, donde hizo su carrera, no la apoyó. El día de la agresión ni siquiera se publicó una nota informando lo ocurrido. Luego de que los compañeros manifestaron su malestar, la empresa le asignó un abogado, que María Beatriz apenas vio un par de veces.
Por todo eso la periodista pensó que, para estar tranquila, debía irse lejos.
Y eso hizo el 7 de febrero de 2017.
—En mi país, ejercer el periodismo es un delito. Por eso engavetan las denuncias, para que los casos queden en el olvido y para jugar al cansancio de las víctimas. Solo me queda la justicia divina, de lo contrario, ya me hubiese dado por vencida —dice María Beatriz desde Les Fontetes, como también se le conoce al parque en Cerdanyola del Vallés, en donde suele detenerse de regreso a casa luego de 16 horas de trabajo.
En junio de 2019 se cumplen 4 años de lo sucedido.
La juez fue jubilada y designaron a otro en su lugar. Y los funcionarios señalados siguen activos en el Cicpc. Aún no se realiza la primera audiencia. María Beatriz ya perdió la cuenta de los diferimientos. Recuerda que la última fecha pautada de la que pudo enterarse fue en febrero de 2018. Para entonces, ella y sus dos hijos cumplían un año en España.
Mientras limpia los pisos de residencias y oficinas, piensa que valió la pena el cambio de oficio y de país. Sus dos hijos han aprendido con rapidez el catalán y eso la enorgullece. El mayor trabaja mientras se prepara para continuar estudios, mientras que el pequeño ya asiste a la escuela.
Ella, recientemente, comenzó a formar parte de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad catalana donde vive.
—Hoy caminamos libres por las calles. Yo duermo tranquila, sin miedo, sin zozobra. Mis hijos están a salvo.
Esta historia fue producida dentro del programa La vida de nos Itinerante, que se desarrolla a partir de talleres de narración de historias reales para periodistas, activistas de Derechos Humanos y fotógrafos de 16 estados de Venezuela.
