Volver
Arube Pérez Salazar es uno de los policías metropolitanos condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002. Continúa preso en Ramo Verde, aunque ya podría gozar de libertad plena. Allí conoció a Yamilet Hernández, una repostera de 37 años que, sin proponérselo, ha tenido que aprender sobre leyes, reglamentos y derechos humanos.
Fotografías: Mairet Chourio / Álbum familiar
La primera vez que Yamilet Hernández escuchó hablar de él, por su cabeza no pasaba la idea de iniciar una relación de pareja. Su hija, de casi 9 años, era su prioridad en ese momento, y estaba hospitalizada en el Hospital Elías Toro, en Catia. Pero, paradójicamente, fue allí donde supo de este hombre por primera vez. Mientras compartían temas en común, una joven que también tenía a su hijo recuperándose en el mismo centro de salud le habló acerca de su ex cuñado, y padrino de su hijo, un policía privado de libertad.
Y a pesar de tener claras sus prioridades, un día se vio, sin embargo, subiendo la empinada cuesta que conduce a la cárcel de Ramo Verde. Se propuso no emitir juicios. Tan solo quería verlo, finalmente, a la cara. Pensaba en su hija, mientras evaluaba las razones que la hicieron pisar ese centro penitenciario para conocer a Arube Pérez Salazar, cabo 1ero de la Policía Metropolitana, condenado por los hechos del 11 de abril de 2002. Estaba asustada.
En tanto ascendía, dudaba. Pero no se devolvió. Sabía que no era un preso común. Por tanto, pudo más la curiosidad que el miedo. Pasó el primer control, el segundo, el tercero, hasta llegar al quinto piso de la prisión militar.
—Cuando entré, él me recibió con los brazos abiertos. Me trató muy bien y empezamos una relación de amistad. Lo vi y me pareció un galán. Bello, alto, todo un caballero. Conversamos, y me preguntó por la niña.
El encuentro dejó en ella ganas de volver a verlo y, al cabo de unos meses, comprendió que las visitas continuarían. Le ocurrió lo que de adolescente jamás hubiese imaginado: enamorarse de un policía.
Han pasado cuatro años desde aquel día. Y hoy Yamilet se siente unida a todo lo que pasa en aquel frío edificio de Los Teques, como también a todo lo que ocurrió el 11 de abril de 2002, el día en que a Arube le cambió la vida para siempre.
Era jueves. Decenas de miles de personas abarrotaron las calles para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez. El cabo Pérez Salazar se preparó para una jornada laboral más. Faltaban cinco días para su cumpleaños y, en sus cálculos, nada grave pasaría. Cuando todo terminara, volvería a casa para estar con su pareja y sus dos hijas pequeñas.
Pero su plan se deshizo en segundos.
La caminata pacífica cambió de velocidad y tomó rumbo hacia el Palacio de Miraflores. Al llegar, comenzaron los disparos. Aunque tampoco entendían qué pasaba, Pérez Salazar y sus compañeros estaban en el lugar cumpliendo con sus funciones. En esa época, la Policía Metropolitana era la encargada de mantener el orden público en Caracas.
El cabo 1ero divisó a unos hombres sobre el Puente Llaguno, que disparaban hacia abajo. Se subió a la ballena y respondió con su arma a aquellos que, tiempo después, serían absueltos de cualquier acusación sobre lo ocurrido ese día. Muy pronto se supo que se trataba de simpatizantes del gobierno y que entre ellos estaba, incluso, un concejal oficialista.
La calamidad cubrió a la ciudad. Tras esa caótica jornada fallecieron 19 venezolanos. La madrugada del día siguiente, el inspector general de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón Romero, en nombre del Alto Mando Militar, anunció a los medios de comunicación que, en respuesta a lo sucedido, “se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”, según sus históricas palabras.
Del líder de la revolución se supo poco ese día. Se habló de vacío de poder. Luego de Golpe de Estado. El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se juramentó como nuevo presidente de la República desde el palacio de Gobierno. Disturbios, saqueos y desórdenes se produjeron en las principales ciudades del país.
El 13 de abril Chávez retornó a Miraflores. La cacería de culpables comenzó de inmediato. Entre los señalados estuvieron los miembros de la Policía Metropolitana. Los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas; los funcionarios Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Marcos Hurtado, Ramón Zapata, Rafael Nazoa López, Arube Pérez Salazar, y el ex secretario de seguridad ciudadana, Iván Simonovis, fueron acusados de homicidio calificado frustrado, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, y lesiones leves en grado de complicidad respectiva, así como uso indebido del arma de fuego y de guerra.
Arube y el resto de sus compañeros decidieron ponerse a derecho, confiando en que la justicia estaría de su lado.
Pero no fue así.
El expediente de Arube fue trasladado, junto al de los otros policías, a Maracay. Lo hicieron responsable de la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque, las únicas investigadas de las 19 ocurridas ese aciago día.
Las evidencias hablaban de la inocencia del funcionario. Las horas de los sucesos no coincidían: Arube se fue del lugar a las 4:00 de la tarde y el informe forense determinó que las víctimas fallecieron a las 5:00. Además, la planimetría indicó que quien accionó el arma asesina lo hizo desde un punto alto y él se encontraba debajo del Puente Llaguno. Y la comparación balística determinó que, aunque la munición encontrada era del mismo calibre, no salió del arma que Arube tenía ese día.
Pero la sentencia ya estaba escrita. El juez Eladio Aponte Aponte se había encargado de todo. Años después escribiría una carta desde Costa Rica, notariada por el gobierno centroamericano en 2012. Estaba dirigida a los policías:
Es un deber inaplazable confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó.
Ordené a la jueza Anabella Rodríguez, del Juzgado 13 de Primera Instancia en Funciones de Control en Caracas, que decretara la orden de captura que le solicitó la fiscal Luisa Ortega Díaz, aun cuando dicha jueza no tenía competencia en el caso que estaba radicado en Maracay. También mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón, de Maracay, y con la fiscal Haifa El Aissami, para que hicieran todo para retrasar el juicio, y así causarles toda clase de penurias con traslados, y para que finalmente se produjera sentencia condenatoria a como diera lugar; sentencia que entregué en formato digital a dicha jueza y que estaba elaborada por uno de mis asistentes. Posteriormente hice lo mismo con los jueces de la Corte de Apelaciones de Aragua, Fabiola Colmenares, Antonio Perillo y Francisco Coggiola, a quienes les entregué de la misma manera la sentencia sobre la apelación que formularon los procesados a través de sus defensores.
Ya el daño estaba hecho. Habían pasado 10 años. Vivas y Forero fueron condenados a 30 años de cárcel, como también Rodríguez, Molina, Bolívar y Simonovis; Hurtado a 16 años y Zapata a 3. Solo a Rafael Nazoa López se le absolvió de todas las acusaciones.
Para Arube Pérez Salazar la libertad llegaría en 17 años y 10 meses. Los barrotes se cerraron a su espalda a los 33 años, y se abrirían cuando tuviera casi 50.
Yamilet repasa los detalles del caso una y otra vez desde su casa, una vivienda compartida con su familia, donde alquila un espacio. No es abogado, tampoco estudia derecho, pero ha tenido que aprender de leyes, reglamentos y derechos humanos, porque ahora ella es conocida como la esposa de Arube Pérez Salazar.
Todos los fines de semana se levanta a las 5:00 de la mañana para hacer las compras en el mercado de Catia, saca la cuenta y administra el dinero lo mejor que puede. De ella depende que su pareja pueda alimentarse mejor. También es la responsable de hacer el recorrido por las farmacias para conseguirle los tratamientos cuando se enferma.
El ex funcionario le advirtió en una ocasión lo que le tocaría vivir. Le dijo que solo dos de los policías metropolitanos que estaban recluidos en la prisión militar seguían con sus esposas desde el primer día. Y que antes de ella, dos mujeres se habían enfrentado a las complicaciones de tener una relación con alguien como él.
Lisy Betancourt fue la primera.
Ella y Pérez Salazar tenían una familia normal cuando llegó abril de 2002. Después vendrían las idas a los tribunales y pedir justicia para Arube, mientras cuidaba sola de sus dos hijas. La resistencia duró años. Vino otro embarazo y el policía no pudo estar presente durante los nueve meses, ni en el parto, ni en los trasnochos, ni en los primeros pasos. Ahora eran tres hijas que crecían lejos de él. La distancia y el encierro acabaron con la relación y solo quedó una amistad. La mayor de las hijas se despidió de su papá cuando era una niña y hoy lo visita a la cárcel siendo una mujer.
Tiempo después, otra mujer llegó a su vida. Aunque tampoco la relación logró sobrevivir a esas circunstancias, con esta se desarrolló una relación tan cercana como para que Arube fuese nombrado padrino de uno de sus sobrinos. La madre de ese sobrino, en aquella sala del Hospital Elías Toro, fue el puente que llevaría a Yamilet a vivir la vida que ahora está viviendo.
De eso la prevenía Arube. Pero ahí está.
Nadie sabía de la primera visita de Yamilet a Ramo Verde, excepto su mamá, que la instó a conocer la otra cara de las historias del 11 de abril. Tiempo después, la señora acudiría personalmente al recinto penitenciario para conocerla también de cerca.
Algunas personas le cuestionan a esta mujer de 37 años que sacrifique tanto de su tiempo, pero a ella poco le importa. Aunque deba repartir sus fines de semana entre hornear tortas y estar con Arube, hay algo en este policía que la mantiene allí, en una sensación de hogar.
Nickol es la hija de ambos, aunque por sus venas no corra la sangre de Arube. Los días de visita corre hacia los brazos del que llama papá y, en ocasiones, su morral trae tareas que el cabo 1ero le ayuda a realizar. Yamilet solo los mira y sonríe.
—Después de que lo conocimos, tanto la vida de Nikcol como la mía han cambiado muchísimo porque nos sentimos protegidas. Estando él allá, cuando yo me enfermo, llegan amigos policías y me traen la medicina a la puerta de mi casa. No tengo dinero y otros me lo traen.
Durante el primer año, la relación sufrió un traspié. No iba a ser fácil, como ya se dijo. Pero la niña comenzó a decaer en su estado de ánimo y en el rendimiento de sus notas escolares, lo que hizo que ella lo intentara de nuevo. Entonces, Arube tomó una moneda de un bolívar y comenzó a trabajarla en los talleres del penal. El extremo dorado le sirvió para forjar un aro que, con algunos ajustes, quedaría perfecto en la delgada mano de Yamilet. Unas visitas después, con otros internos de testigos, le pidió a la repostera que fuese su esposa.
Desde entonces no se separan. Yamilet hace lo que puede para que él esté tranquilo. No quiere que las secuelas de una úlcera que explotó lo lleven de nuevo al hospital, ni que su corazón sufra otro infarto. Con firmeza y perseverancia busca su bienestar en la cárcel y su libertad en los tribunales.
El 17 de diciembre de 2015, las esposas de los policías metropolitanos se fueron bien temprano a Maracay para esperar el pronunciamiento de la jueza Ada Marina De Armas. Con el cansancio a flor de piel, las mujeres se negaron a ser desalojadas cuando se acercaban las 3:30 de la tarde.
Un abogado las acompañó hasta la oficina de la jueza y allí pudieron ver dónde estaban guardados los expedientes de los funcionarios. Al señalarlos, la encargada de aplicar la ley les dijo que no habría pronunciamiento ese día porque tenía que leer el contenido de decenas de carpetas.
Yamilet no puede recordar ese momento sin soltar lágrimas de indignación. En ese entonces, a Arube le correspondía el beneficio de confinamiento (residir en el municipio que indique la sentencia), pero hoy podría gozar de libertad plena gracias a las horas de trabajo y estudio que, junto al tiempo establecido de sentencia, suman un total de 19 años.
Sin embargo, ambos tienen esperanzas renovadas. Dentro de las dificultades, perciben un clima diferente en el país. Aunque lo anhela, a él le asusta no conseguir trabajo, pero Yamilet confía en sus capacidades y en el futuro. Nickol tiene ya 13 años y sabe dónde mandará a hacer su vestido y el de su mamá cuando se celebre la tan esperada boda.
Por ahora esperan. Pero cuando salga, Arube quiere ir a la playa. Sueña con sentir en sus pies la arena que no pisa desde hace 14 años. Anhelan ese día para que, tomados de la mano, puedan disfrutar de ese olor que representará el de la libertad.
Los abogados de Arube Pérez han insistido en que le sea otorgado el beneficio de libertad plena, que le corresponde dadas sus horas de estudio y trabajo dentro de la cárcel. La juez que lleva el caso, sin embargo, ha sido firme al reiterar la negativa. “Nos dijo que está esperando que de arriba lo aprueben”, asegura Yamilet. “En junio de 2018, cuando le concedieron beneficios procesales a varios presos políticos, pensamos que él saldría. Teníamos tantas esperanzas que fuimos sacando sus cosas personales del penal. Como no ocurrió, frustrados, tuvimos que volver a llevárselas”.
SIGUIENTE ENTREGA:
Miguel sabe lo que vive su mamá
