¿Qué significa ser mujer activista en la Venezuela de estos tiempos? ¿A qué se arriesgan quienes se empeñan en tenderle una mano a quienes lo necesitan? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo llegaron a asumir ese papel? Son preguntas difíciles de responder, toda vez que ese parece ser un camino árido, minado, casi intransitable.
En su más reciente informe sobre Venezuela, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil —defensores de los derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación—. Apuntó que entre mayo de 2021 y abril de 2022 documentó 71 casos de detenidos, lo que representa un incremento con respecto al periodo anterior, cuando fueron solo 19. Bachelet expresó que al organismo que representa le preocupa el “uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación”, reafirmando así las palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, quien dijo: “Los delitos penales vagamente formulados relacionados con el crimen organizado y el terrorismo se han utilizado [en Venezuela] para estigmatizar y criminalizar a la sociedad civil y los medios de comunicación”.
Fue la legislación que usaron para acusar a Lisbeth Añez, una mujer que había ayudado a los jóvenes estudiantes que protestaban en contra del régimen de Nicolás Maduro en 2014, de traición a la patria y rebelión militar. Luego de meses en la cárcel, reorientó su apoyo: asumió el compromiso de ayudar a otros a recuperar su salud en el contexto de un país que enfrenta una crisis sanitaria, marcada por la merma del personal médico, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la escasez de medicinas de primera necesidad. Creó la Asociación Civil Mamá Lis con el objetivo de contribuir a que los niños con cáncer logren tener a la mano sus tratamientos oncológicos.
Lisbeth todavía sigue con medidas cautelares. Su caso está estancado.
La abogada Andrea Santacruz conoce, de primera mano, cientos de historias como esa. En 2014, al fragor de las muchas detenciones que se produjeron en las manifestaciones contra del régimen, se dedicó a defender a jóvenes apresados durante esas jornadas. Muchachos como esos a los que Lisbeth ayudaba. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Santacruz sigue monitoreando violaciones de derechos humanos a estudiantes y promoviendo cambios en el sistema de justicia venezolano para abordar a víctimas de violencia de género.
De ese oscuro período surgió también el activismo de Rosa Orozco. Su hija fue una de las 43 muertes de ese año: policías la mataron en la puerta de su casa. Después de lograr que condenaran a los asesinos, viéndose ante la encrucijada del odio o el perdón, Orozco decidió perdonar: sintió que era la única forma de seguir con la vida. Luego, junto a Martha Tineo, fundó la organización Justicia, Encuentro y Perdón, porque estaba convencida de que no se trataba de olvidar y permitir que la impunidad siguiese haciendo daño a la sociedad, sino de ver, en la búsqueda de justicia, posibilidades de lograr la paz, de cimentar una memoria de los delitos cometidos por el Estado venezolano y de reconstruir una sociedad polarizada y fragmentada.
También en aras de aliviar el sufrimiento de los demás, otra abogada, Katherine Martínez, comenzó a andar pasillos de hospitales en lugar de tribunales: había concentrado todos sus esfuerzos para que la estadía de los niños internados en el José Manuel de los Ríos, el principal pediátrico del país, fuese lo más llevadera posible. Por eso, registró la Asociación Civil Prepara Familia. El personal médico llegó a decir que eran ella y los voluntarios de la organización quienes hacían que el hospital se mantuviera en pie. No en vano logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas de protección a todos los pacientes del JM. Sin embargo, hartas de que denunciara tantas irregularidades, las autoridades no le permitieron más la entrada.
Pero ha encontrado la forma de seguir con su causa.
Tal como ha hecho Katy Camargo a lo largo de su vida. Creció en el barrio San Blas de Petare. Algunas veces, acompañaba a su madre a la casa del dueño de una tienda de artesanías en Los Palos Grandes —una urbanización de clase media en el este de Caracas que le parecía limpia, bonita— donde trabajaba limpiando. En los años siguientes, sobre la base del sentido de dignidad de las personas, ha logrado cambios significativos en su comunidad: que San Blas sea el barrio más limpio de Petare es obra de ella. Y esto ha dado pie a otras iniciativas artísticas, culturales y sociales. Así, han logrado promover espacios más amables en los que es posible tener una mejor vida.
En otra barriada de Caracas fue donde Aracelis Sánchez supo lo que era una ejecución extrajudicial: funcionarios policiales asesinaron a uno de sus hijos en un enfrentamiento simulado. Luego del asesinato, ella ya no sintió más miedo y decidió que eso que había vivido debía servir para algo. Supo también que ocurrían cientos de ejecuciones extrajudiciales y que no pasaba nada: desde entonces ha acompañado a otras familias a las que les han asesinado a un miembro en condiciones similares. Así, en 2014, nació la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh), que acompaña y da seguimiento legal a casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura en Venezuela.
Lisbeth, Andrea, Rosa, Katherine, Katy, Aracelis.
Mujeres, como tantas otras, que juegan un rol determinante en la reconstrucción de Venezuela, a pesar de que muchas veces son las que más sienten los embates de la crisis. El informe Mujeres al límite, publicado en 2019 por varias organizaciones de la sociedad civil, dice que “las mujeres en Venezuela están siendo llevadas al límite de sus capacidades, de su emocionalidad, de su salud: ellas son las que cuidan, las que comen menos, las que hacen las colas, son las que traen la comida a la casa, las que se caminan toda la ciudad en búsqueda del alimento y medicinas”.
Lisbeth, Andrea, Rosa, Katherine, Katy, Aracelis. Seis vidas atravesadas por el dolor pero que, a pesar de las vicisitudes, encarnan el significado de la resiliencia, la solidaridad y la empatía.
Son seis vidas con las que hemos decidido celebrar nuestras primeras 600 historias publicadas desde que, en enero de 2017, nació La Vida de Nos.
Este es el país que vamos siendo.
