El 28 de junio de 2017, Valjova Saavedra decidió saltar al vacío desde un viaducto de Mérida. Tenía 18 años. En ese momento, especialistas e investigadores ya habían alertado sobre el aumento de la tasa de suicidios en Venezuela y particularmente en la región andina. De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), entre 1995 y 2017, 1 mil 800 personas se quitaron la vida en el estado Mérida, la tasa de suicidios más alta de las últimas tres décadas. De ellas, 191 lo hicieron durante ese último año.
Isabella Merzagora, criminóloga clínica y profesora en la Universidad de Milán, Italia, explica que “la probabilidad de suicidio durante una crisis económica es tres veces mayor en personas con una enfermedad, bien sea física o psicológica, que para las personas sin ningún tipo de afectación”. Y ese era el caso de Valjova. Venezuela atraviesa por una de las más severas crisis sociales y económicas del continente. Desde los 14 años, era atormentada por frecuentes pensamientos suicidas, pero había encontrado la forma de manejarlos. Hasta que vinieron las protestas ciudadanas, primero en 2014 y luego en 2017, que terminaron en heridos y muertos. A dos días de haber salido de un coma inducido, producto de las graves lesiones que sufrió, cuatro personas murieron en Barquisimeto, estado Lara, producto de la represión gubernamental. Todo esto hizo que se sintiera agobiada.
La violencia ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado para contener y detener las manifestaciones callejeras ha sido una constante desde 2014. En 2020, muchos de los reclamos colectivos se enfocaron en la escasez de gasolina que se ha ido agudizando cada vez más. En abril de ese año, Edgar Flores, un joven abogado y paciente psiquiátrico, asistió a una protesta en Churuguara, el pueblo del estado Falcón donde vive, en el occidente del país. Días después, funcionarios irrumpieron en su casa y se lo llevaron detenido. Fue uno de las más de 150 personas detenidas por motivos políticos entre marzo y septiembre de 2020, de acuerdo con Provea.
En la audiencia de presentación, la fiscal del caso puso en tela de juicio la condición de paciente psiquiátrico de Edgar. “Debería estar en un hospital”, dijo. Quizá ignoraba la situación de los hospitales psiquiátricos en Venezuela. La más reciente Encuesta Nacional de Hospitales, que evaluó siete psiquiátricos en tres estados del país, reveló que su operatividad ronda el 50 por ciento, en un contexto en el que la demanda de estos centros ha aumentado, según afirma el doctor Pedro Delgado, miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría.
Otro joven, Robertson López, tiene déficit cognitivo, psicosis orgánica y agitación psicomotriz. Tiene 22 años y ha pasado los últimos ocho entre convulsiones, visitas a médicos y pañales. Por una severa desnutrición estuvo postrado por más de un mes en su casa, en Carorita Abajo, en el estado Lara. Su padre, desempleado, quiso internarlo en el Hospital Psiquiátrico El Pampero para evitar que recayera, pero allí no lo recibieron por falta de suficiente personal médico y medicamentos.
Los pacientes con enfermedades mentales sufren de recaídas, debido a que no cuentan con los recursos para cubrir el altísimo costo de los psicotrópicos. Tampoco encuentran en el sistema de salud pública cómo satisfacer y cubrir sus necesidades. Ante esta brecha, se ha activado un voluntariado de psicólogos y psiquiatras que ofrecen gratuitamente sus servicios de atención en línea y, en algunos casos, de consultas privadas a muy bajo precio. Es lo que hace Román González, un voluntario del Colegio de Psicólogos del estado Anzoátegui, en el oriente del país, y de la Federación de Psicólogos de Venezuela.
La organización Psicólogos Sin Fronteras atendió a más de 3 mil personas y dio más de 5 mil 500 citas entre marzo y septiembre de 2020. En esos siete meses, el número de llamadas y de asistencia en línea se incrementó 40 por ciento. La ONG Cecodap brindó asistencia psicológica durante el 1er semestre del año a 1 mil 407 familias, niños y adolescentes. De ellos, 31 por ciento reportó tristeza, rabia, angustia e incertidumbre, de los cuales 20 por ciento manifestó riesgo o ideación suicida.
Con el confinamiento por la pandemia de covid-19, la comunicación y los encuentros interpersonales se redujeron, a la vez que aumentaron los trastornos y afecciones de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Por ello los especialistas no se sorprenden ante el alarmante promedio de tres suicidios al día. Fueron 1 mil 150 durante 2020, cifra que ubicó al país en el 1er lugar de casos de suicidios en el continente, de acuerdo con el OVV.
“Predomina el miedo, el temor, la desesperanza, la angustia, la tristeza y la rabia, que colocan al venezolano en un estado de confusión y vulnerabilidad emocional”, ha dicho la psicóloga clínica y social, e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Yorelis Acosta. Los hospitales registran una escasez de medicamentos antipsicóticos orales, superior al 70 por ciento.
La permanente incertidumbre en Venezuela ha impactado en la salud física y mental de sus ciudadanos. Los especialistas lo llaman trauma psicosocial. Es una #EmergenciaSilenciosa, como denominamos este especial de La Vida de Nos, desarrollado por su red de narradores. Son historias sobre esos traumas sociales y personales que están haciendo mella en cientos de vidas con trastornos mentales; vidas con profundas heridas y desasistidas por el Estado venezolano.
